Las propuestas son ideas, estrategias y proyectos que dan lugar a experiencias piloto. Afrontan los retos que se plantean de la mano de los agentes implicados y se materializan en un emplazamiento definido de Barcelona o Medellín.
En los últimos años, la difícil situación económica ha provocado situaciones de emergencia habitacional. Esto ha hecho necesario replantear las políticas públicas de vivienda y acelerar los mecanismos que podían dar respuesta a corto plazo a las situaciones de las personas más vulnerables, a la vez que ha habido que repensar a más largo plazo las estrategias y prioridades de estas políticas de vivienda.
A largo plazo, el plan "Empenta" está concebido para garantizar la generación de suelo, impulsar la participación privada para ampliar la oferta de viviendas asequibles y dar continuidad a la construcción de viviendas sociales por parte del mismo Ayuntamiento.
Para atender las situaciones de vulnerabilidad, el Ayuntamiento ha reconvertido mecanismos existentes y ha creado otros nuevos, específicos para los desahucios. La red de las oficinas de viviendas ha potenciado su papel de mediadora entre las partes en conflicto, tanto con respecto a deudas hipotecarias como a pagos de alquiler, y ha incrementado notablemente los asesoramientos legales con abogados especialistas, además de incentivar las ayudas económicas destinadas a evitar la pérdida de vivienda: más de 32 millones de euros para ayudar a pagar el alquiler o 4,4 millones para pagar deudas acumuladas son algunas de las cifras que evidencian la magnitud de la situación.
Sin embargo, a pesar del apoyo para evitar la pérdida de vivienda, los desahucios se han producido en la ciudad y, por eso, han debido activarse mecanismos de atención específicos: centros de alojamiento temporal que permiten un entorno lo más normalizado posible hasta que se encuentre un alojamiento definitivo, ayudas económicas para hacer frente al pago del alquiler a personas desahuciadas o adjudicación directa de viviendas protegidas a través de una mesa de emergencia.
Más de mil personas han pasado por los centros de alojamiento puestos en servicio en los últimos años y casi mil familias han sido adjudicatarias de un piso de alquiler social a través de la Mesa de Emergencia.
