piso
2. m. Pavimento natural o artificial de las habitaciones, calles, caminos, etc.
4. m. Conjunto de habitaciones que constituyen vivienda independiente en una casa de varias alturas.
piloto
6. m. U. en aposición, indica que la cosa designada por el nombre que le precede funciona como modelo o con carácter experimental. Piso piloto, instituto piloto.
Diccionario de la lengua española (DRAE)
Medellín y Barcelona dan sentidos distintos a la palabra piso. Si en la capital antioqueña designa el pavimento de estancias o calles, en la catalana hace referencia a la vivienda situada en un edificio de varias alturas. La polisemia conecta dos conceptos normalmente opuestos, la casa y la calle, el techo y el suelo. Si se la acompaña del término piloto, adquiere además un carácter experimental. Ante esta carga significativa, resulta tentador arrebatarle la expresión piso piloto a la jerga inmobiliaria para ofrecérsela a otra forma de hacer ciudad.
Impulsada por las áreas de cooperación de la Alcaldía de Medellín y el Ayuntamiento de Barcelona, junto con el Museo de Antioquia y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), la iniciativa «Piso Piloto» propone superar las limitaciones del urbanismo convencional para emprender una exploración colectiva. Se trata de experimentar con las soluciones habitacionales que ofrece la conjugación del espacio público y el doméstico. El objetivo es hacer de la cooperación entre Medellín y Barcelona un banco de pruebas para lograr urbes más sostenibles e inclusivas, donde se hagan efectivos el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.
Piso Piloto es fruto de la cooperación entre Medellín y Barcelona, dos ciudades cuyos ayuntamientos llevan muchos años colaborando en distintos proyectos sociales. La exposición pone de manifiesto lo que significa la cooperación internacional en el siglo xxi: el intercambio horizontal de experiencias piloto que aportan un conocimiento útil para cualquier ciudad del mundo.
Más allá de sus diferencias, Medellín y Barcelona reúnen peculiaridades que las hacen equiparables. Ambas se enmarcan en geografías determinantes —el valle de Aburrá, en un caso; el Mediterráneo y Collserola, en el otro— que les han impedido extenderse demasiado. También comparten capitalidades secundarias respecto a Bogotá y Madrid, aunque se erigen frente a ellas como representantes de las especificidades antioqueña y catalana. Una y otra destacan por su tesón industrioso, que las ha convertido en tierra de acogida y las ha hecho crecer con rapidez. Además, sus gobiernos municipales mantienen una fructífera relación de cooperación que ha durado varias legislaturas.
Pero quizá lo que más las equipare sea el reconocimiento internacional que han recibido por haberse transformado apostando por el espacio público. Ambas ciudades dejaron atrás épocas aciagas mediante la promoción de obras públicas que equiparon sus barrios más marginales y los dotaron de accesibilidad. Sin embargo, los problemas que han estado combatiendo desde el espacio público provenían, en gran medida, de carencias en el ámbito doméstico. Cuando las ciudades de acogida no son acogedoras, sufren desequilibrios que afectan al conjunto de la trama urbana. Medellín y Barcelona han comprobado cuán ingente es el esfuerzo que supone tratar de corregir los retrasos de lo público a la hora de facilitar el acceso a la vivienda. Por ello no solo es fundamental, sino también urgente, que, además de mejorar lo preexistente, traten de encauzar lo venidero.
En las últimas décadas, las ciudades se han transformado y extendido como nunca, hasta dar cabida a la mitad de la humanidad. Mientras tanto, muchos ayuntamientos se han centrado en embellecer el espacio público, dejando el doméstico en manos del mercado. Además, las administraciones, los técnicos y las empresas constructoras, inmobiliarias y financieras han impuesto una suerte de tecnocracia que no responde a las necesidades básicas de la gente.
Se ha producido así una escisión entre la casa y la calle. Muchos centros urbanos se han sometido a regeneraciones que, paradójicamente, los han encarecido y despoblado. Mientras sus viviendas perdían el valor de uso para convertirse en activos inmobiliarios, sus calles y plazas se tornaban más banales, inseguras o difíciles de mantener. Por otro lado, las periferias se han poblado de monocultivos residenciales donde las viviendas se amontonan sin participar de espacios públicos de calidad. Asentamientos informales, polígonos residenciales y extensiones suburbiales son territorios urbanizados sin civilidad.
Cuando las urbes desatienden el derecho a la vivienda y a la ciudad, son menos justas y sostenibles. La falta de acceso a un hogar adecuado y bien emplazado no solo afecta a los más desfavorecidos. Perjudica al conjunto de la sociedad. Conlleva costes energéticos y ecológicos, en infraestructuras y en productividad. Afecta a la salud y a la natalidad y favorece el individualismo que padecen nuestras democracias. Amenaza, en definitiva, la convivencia y la supervivencia de lo urbano.
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Tanto como la calle, la casa es una cuestión colectiva. Su papel es igualmente estructural en la forma y el contenido de lo urbano. La garantía del derecho a la vivienda es la base de derechos tan básicos como la sanidad, la educación y el voto. Mediante las políticas residenciales pueden obtenerse ciudades más mixtas y compactas, es decir, más justas y sensatas. A fin de cuentas, la conjugación del espacio público y el doméstico es clave para afrontar los retos económicos, ecológicos y políticos que nos plantea el futuro inmediato.
La respuesta de los cauces convencionales a la emergencia habitacional prueba que la vivienda no puede confiarse ciegamente a expertos, representantes o intermediarios. Es necesario romper el régimen tecnocrático que la ha monopolizado. Hay que abordarla desde una óptica transversal e integradora. Superar estereotipos, contar con la participación de los afectados y entablar debates rigurosos pero abiertos a nuevos planteamientos. Y, sobre todo, es urgente experimentar juntos con ella, materializar y contrastar otras vías de promoción, tenencia, distribución o agregación.
Esta es una selección de soluciones habitacionales muy diversas, incluso contrapuestas, procedentes de la investigación académica, de la administración pública y de la sociedad civil. Su aplicación todavía no es hegemónica, pero tienen el valor de haber sido puestas en práctica y de haber probado su viabilidad. En definitiva, demuestran que una ciudad más acogedora es posible. Y que no solo es posible, sino que ya está aquí.
La ciudad del futuro ya está construida. Es tiempo de reciclar lo heredado, de aprovechar las sobras del pasado. Hay que devolverle la vida al hábitat yermo. En lugar de construir más viviendas alejadas, colmatar los huecos del tejido consolidado. Repoblar barrios sin vecinos, llenar casas desocupadas. Reformar leyes y viviendas para adaptarlas a la vida contemporánea, para rescatarlas de la precariedad constructiva o la pobreza energética, para irrigar de empleos cualificados el tejido productivo y de base.
La ciudad es un hábitat compartido. Hay que limar las asperezas de la convivencia y potenciar sus ventajas. Desalentar el individualismo y fomentar la vida de barrio. Promover vivienda social para disolver guetos y monocultivos funcionales, para lograr una ciudad diversa y equilibrada. Tanto como en su distribución, hay que pensar en la agregación de la vivienda. Enriquecer el umbral que la separa de lo público, compartir gastos y beneficios, apostar por servicios comunes y espacios de sociabilidad donde aprender a participar del bien común.
La ciudad es una construcción colectiva. No conviene competir en algo que concierne a todo el mundo, hay que trabajar juntos en el cambio. Urge experimentar con formas de promoción y tenencia basadas en la cooperación y el uso, no en la especulación y el abuso. Romper barreras disciplinares y tecnocráticas, entender la ciudad como un proceso de código abierto: colaborativo, dinámico, complejo. Se debe democratizar la toma de decisiones mediante una participación horizontal e inductiva. Sacar partido de la inteligencia colectiva para enriquecer el bien común.
